El Gobierno aprueba, finalmente, un nuevo plan MOVEA, con división de opiniones en la industria del automóvil

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El Gobierno ha aprobado, finalmente, un nuevo plan MOVEA de ayudas a la compra de vehículos de energías alternativas y a la infraestructura de recarga, con una dotación de 14,26 millones de euros, con una vigencias hasta el próximo 15 de octubre o hasta que se agoten los fondos, lo que el sector prevé se producirá en muy pocas semanas.

El nuevo Plan, lejos de responder a la demanda del sector, que defiende un plan de largo plazo, ha sido acogido con satisfacción en las industria española del automóvil, pero con una evidente división de opiniones por no cumplir con la expectativas, ya que, además, el mercado de este tipo de vehículos, especialmente el de los eléctricos, ha funcionado a bajo rendimiento, pendiente de estas ayudas para relanzar las ventas.

De los 14,26 millones de euros aprobados, el reparto otorga 10,1 millones de euros a los vehículos eléctricos; 2,23 millones de euros, a los de gas natural; 1,38 millones de euros, a GLP (Gas Licuado del Petróleo/Autogas) y 0,56 millones de euros, a puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Según las estimaciones del Gobierno, las ayudas incentivarán la adquisición de 1.800 turismos y furgonetas eléctricos, y 230 motos eléctricas. Para el gas natural (GNV), la estimación es de 240 turismos o furgonetas y 100 camiones. En cuanto al GLP, serían unos 1.300 turismos o furgonetas.

El Plan Movea 2017 fomenta exclusivamente la adquisición de vehículos de combustibles alternativos, es decir, vehículos eléctricos, vehículos de gas licuado de petróleo, vehículos de gas natural comprimido y licuado, vehículos que se propulsan con pila de combustible de hidrógeno y motos eléctricas. Además, el nuevo MOVEA fomenta la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público.

La cuantía de las ayudas se fija con diferentes baremos dependiendo del tipo de vehículo y del combustible utilizado, de modo que la ayuda será a partir de 500 euros (turismos y furgonetas), 5.000 euros para microbuses y camionetas y 18.000 euros para autobuses y camiones. Para las motocicletas la ayuda oscila entre 1.500 y 2.000 euros.

Podrán ser beneficiarios personas físicas, autónomos, empresas privadas, entidades locales, comunidades autónomas y entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. En el caso de puntos de recarga, podrán ser beneficiarios todos los anteriores, salvo personas físicas y autónomos. Los beneficiarios deberán mantener la titularidad del vehículo y la matriculación en España, al menos, dos años.

Los vehículos objeto de subvención deberán pertenecer a una de las siguientes categorías: turismos (M1), autobuses (M2, M3), furgonetas (N2), camiones (N3), cuadriciclos (L6e, L7e) o motocicletas (L3e, L4e, L5e), todos ellos alimentados con las energías citadas anteriormente.

 

Para el caso de camiones y autobuses, será necesario achatarrar un vehículo antiguo (anterior al 1 de enero de 2010). En el caso de los turismos, el achatarramiento es voluntario y supondría un incremento de la subvención de 750 euros.

La cuantía de las ayudas es de entre 500 y 15.000 euros para vehículos de GLP; de entre 1.000 y 18.000 euros para vehículos de gas natural; de 5.500 euros para vehículos de pila de combustible (hidrógeno); de entre 1.100 y 15.000 euros para vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de autonomía extendida; de entre 1.950 y 2.350 euros para cuadriciclos eléctricos; de entre 1.000 y 2.000 euros para motocicletas eléctricas, y de entre 1.000 (convencional) y 15.000 euros (carga rápida) para los puntos de recarga.

Para el caso de turismos y motocicletas, el Plan incluye un precio máximo de venta para evitar subvencionar a través del programa a los vehículos “Premium”, de forma que el precio máximo sin IVA es de 25.000 euros para turismos de GLP y GNV, y de 32.000 euros para los eléctricos. Para las motos eléctricas el máximo es 8.000 euros.

Los puntos de venta que deseen adherirse al MOVEA tendrán que aplicar un descuento adicional mínimo de 1.000 euros para todos los vehículos, excepto cuadriciclos (150 euros) y motos (sin descuento).

En el caso de que el vehículo sea eléctrico, el punto de venta deberá comprometerse a facilitar la instalación de un punto de carga. Por otro lado, las ayudas para la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas públicas podrán alcanzar un importe de hasta el 40 por 100 del coste, con un máximo de 1.000 euros por punto de recarga convencional, de 2.000 euros por punto de recarga semirrápida y de 15.000 euros por punto de recarga rápida.

División de opiniones

La medida ha sido bien acogida, de forma general, por las patronales del sector, aujnque con matices y división de opiniones. La patronal de los fabricantes ANFAC y la de los concesionarios FAONAUTO han emitido sendos comunicados políticamente correctos, aunque en el primer se dice que seria una buena medida que estos planes tuvieran continuidad y en el segundo, con más firmerza, se considera clave e imprescindible que el Gobierno sea más ambicioso, tanto en el presupuesto como en la duración, a la hora de diseñar los planes de impulso de estos tipos de vehículos

Por su parte, la patronal de los vendedores GANVAM considera que la apuesta del Gobierno por la movilidad eficiente y las energías alternativas es más una declaración de intenciones que una realidad, a juzgar por la debilidad de un plan de impulso basado en ayudas intermitentes y con una dotación presupuestaria a años luz de Europa.

Comparada con otros países europeos, la dotación presupuestaria destinada a movilidad alternativa puede calificarse de testimonial, según GANVAM, siendo como mínimo diez veces menor, lo que explica que, por ejemplo, la tecnología eléctrica en España apenas represente el 0,4% del mercado, mientras que en Alemania o Francia ronda el 1%.

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) comparte la opinión de los vendedores, ya que “llevamos siete meses esperando a un plan de ayudas que realmente es muy poco ambicioso económicamente y que puede suponer incentivos para un parque de menos de 2.000 vehículos. Sin embargo, las expectativas que ha ido generando han ralentizado la marcha del sector porque muchos potenciales compradores sencillamente estaban esperando a que se publique el MOVEA para adquirir un vehículo eléctrico”.

Aun así, enfatiza Arturo Pérez de Lucía, director gerente de AEDIVE,  las matriculaciones de vehículos eléctricos han crecido en un 30% con respecto al anterior ejercicio y eso significa que el interés por la movilidad eléctrica es creciente. “En cualquier caso, si se quiere conseguir alcanzar los objetivos del Plan de Vehículos de Energías Alternativas VEA que se presentó en 2015 habría que matricularse en estos próximos cuatro años del orden de 30.000 vehículos eléctricos cada año para llegar al objetivo de las 150.000 matriculaciones de ese plan y con los incentivos actuales, este año podremos cerrar en torno a 7.000 u 8.000 matriculaciones siendo optimistas”.

Los fabricantes recuerdan en su comunicado que en las plantas españolas se ensamblan en la actualidad 12 vehículos alimentados por energías alternativas. Siete modelos de turismos y uno de vehículo industrial que pueden alimentarse por gas, además de cuatro modelos diferentes que utilizan exclusivamente electricidad para propulsarse.

La aprobación del nuevo MOVEA contrasta con los 336 millones de euros en subvenciones también aprobados en el mismo Consejo de Ministros para proyectos de entidades locales con poblaciones menores de 20.000 habitantes que favorezcan el paso a una economía baja en carbono.

En concreto proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética (edificación, infraestructuras y servicios públicos), movilidad urbana sostenible (transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de red viaria, transporte ciclista y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias) y “uso de energías renovable” (para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas).

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